Tomado del  Editorial el tiempo oct. 25 de 2008

En enero de 1995, una trabajadora que había sufrido lesión en la rodilla derecha descubrió, al despertar de una cirugía en una clínica de Pereira, que le habían operado la rodilla izquierda. En julio de 1997 murieron en Bogotá una joven y su hijo recién nacido por errores de dos médicos que valoraron mal y erraron en el tratamiento de un embarazo de riesgo en el Hospital de El Tejar.

Los casos anteriores son solo dos entre miles de percances que sufren los colombianos en los servicios de salud. Algunos terminan con el agravamiento del enfermo y otros con su muerte. Ambos fueron estudiados por la Justicia y produjeron sentencias significativas en favor de los pacientes. La clínica que operó la rodilla sana de una trabajadora tuvo que pagarle 34 millones de pesos.

Hace pocos días se falló el pleito de la madre y el bebé fallecidos en Bogotá; además de una multa, la Corte Suprema condenó a los dos médicos a tres años de prisión y pérdida temporal de la licencia. Al parecer, la Justicia está decidida a meter en cintura a los profesionales sanitarios, pues otro médico que provocó impotencia a un enfermo y olvidó en su cuerpo una bolsa plástica en el Hospital Universitario del Valle fue sentenciado recientemente a nueve meses de cárcel. Lo que sienta un precedente en este caso es que, según la Justicia, se configuró un delito de "lesiones personales".

Según reconoce el Ministerio de la Protección Social, en el país se presentan 18 errores médicos por cada 100 pacientes, cifra elevada si tenemos en cuenta que en países desarrollados se encuentra entre 3,2 y 16,6 por ciento. La profusión de fallos en prestación de asistencia no solo castiga a quienes los padecen, sino también al Tesoro Público, que responde por los hospitales oficiales. Entre el 2005 y el 2008, la Nación pagó 3.200 millones de pesos por tan solo 15 condenas; hay cientos de pleitos más en curso, pues 6 de cada 10 demandas contra el sector público se refieren a salud o pensiones, y en 7 de cada 10 la sentencia es adversa al Estado.

Es justamente el concepto de la mala práctica el que contribuye al incremento de demandas contra los médicos. Hoy solo en los tribunales de ética médica del país se reciben alrededor de 2.000 demandas cada año, y son la cirugía plástica, la obstetricia, la anestesiología y la oftalmología las especialidades que más quejas generan. Además de las sanciones éticas, también pueden presentarse responsabilidades en las órbitas civil, penal y administrativa. Aunque en algunos casos es relativamente sencillo establecer la responsabilidad del galeno, el ejercicio de la medicina es, muchas veces, un mundo de grises, no de blancos y negros.

Ciertos fenómenos, que son imposibles de desconocer, han hecho proclives a muchos profesionales a la mala práctica: la producción en serie de médicos con formación dudosa, consecuencia de la proliferación de facultades de medicina (algunas ni siquiera cuentan con sitios de práctica); un sistema de salud que alteró la esencia del acto médico; los bajos ingresos y la pérdida de autonomía frente al manejo de los pacientes, así como la atención apresurada de los enfermos bajo un esquema mercantilista.

Esto no exime de responsabilidad al gremio médico, que en ocasiones termina escudado bajo los "eventos adversos", eufemismo que pretende blanquear los errores. Que el paciente o sus familiares cuenten con herramientas legales para determinar la mala práctica y recibir compensaciones es lo justo. No obstante, existe el grave riesgo de caer incluso en la mal llamada 'medicina defensiva', que lleva a los médicos a actuar de manera condicionada para prevenir posibles demandas; en ese escenario, las historias clínicas dejan de ser un documento que registra la evolución de un paciente y se convierten en piezas procesales, que serían la base de una defensa ante una acción legal. Estados Unidos es un caso palpable: la cuantía y la gravedad de las querellas judiciales provocaron un encarecimiento desproporcionado de los servicios médicos, por cuenta de los seguros; los pacientes se mueven presionados por abogados especializados en estos casos.

Lo sucedido en Cali evidencia la necesidad imperiosa de que el cuerpo médico colombiano reconozca que hay factores que atentan seriamente contra la calidad de su ejercicio y que es necesario trabajar por eliminarlos de raíz. Hace bien la Justicia en castigar con dureza abusos y negligencias. Pero lo más importante es analizar a fondo el sistema de salud, corregir sus vicios y anticiparse a los errores. No basta con indemnizar a los deudos para que mejore la medicina.

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